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Administrador de Empresas, especialista en RR HH, en el oficio del Marketing Digital, en la Docencia de la Educación para el Trabajo, amante de la tecnología, escritor amateur, dedicado a la comunicación efectiva de contenidos variados a través de las Redes Sociales y los Blogs.

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lunes, 1 de junio de 2009

¿Existe Seguridad Jurídica en Venezuela?

¿Existe seguridad jurídica en Venezuela? Decir si ó no, sería muy aventurado para alguien que vive en un país como éste. Antes tendríamos que hacer un breve ejercicio retrospectivo, para luego formarnos un criterio que nos permita determinar una respuesta afirmativa o negativa, con la que podríamos hacer luego una acción en perspectiva en vista por lo menos a unos cinco años. Cuál ha sido la historia jurídica de nuestro país desde la Colonia. Tanto en lo político, económico y social. Un sin fin de hechos que provocaron la emancipación de Venezuela de la Corona española. Monopolio político, económico, judicial, esclavitud, desigualdad, entre otras. Que nos permiten asegurar que en ese tiempo no existía seguridad jurídica. Continuando, desde 1830, con la creación de un Estado independiente de la Gran Colombia. Prosigue el caudillismo, las guerras civiles, las revoluciones y los continuos vaivenes de la insurgencia de los caudillos descontentos y la pugnas partidistas, que empujaron al país a una profunda crisis en todos los ámbitos de la sociedad, sin embargo, en los primeros años de la Venezuela republicana y posteriormente de la Guerra Federal, se había logrado por lo menos acabar con la esclavitud, pero el latifundio y el sistema feudal de la colonia continuaba, seguíamos siendo un país que sólo participaba en la producción del sector primario, como suministradores de insumos básicos de las industrias de las potencias mundiales.


Podemos afirmar que ante semejante panorama de gobiernos dictatoriales y déspotas, no existía seguridad jurídica. Con la muerte del Dictador Juan Vicente Gómez, se desarrolla en el país un proceso de Transición hacía un Estado democrático, sin embargo, continuaba la desigualdad social, la escasez de derechos políticos, jurídicos y económicos. Con la entrada de Pérez Jiménez al poder, continuaban secuestrados los poderes públicos. Llega la Democracia y todo parecía que iba a cambiar. Sin embargo, los partidos, la burocracia y la corrupción, no permitieron la creación de Instituciones democráticas sólidas que garantizarán la seguridad de todos los ciudadanos. Sin embargo, en los primeros años de la misma, existió algo de bienestar y se logró construir un país. La crisis política de finales de los noventa, da paso a la quinta república y a una nueva Constitución que al menos en teoría garantiza los derechos jurídicos de los venezolanos. Pero, el sectarismo partidista exagerado ha traído como resultado una polarización del pueblo y los poderes públicos al menos en apariencias parecieran carecer de independencia y autonomía. En tal sentido, se percibe que el poder ejecutivo, dispone y dirige la nación sin control de los demás poderes públicos que serviles dan su venía en todo cuanto dispone. Este panorama político aunado a la ineficiencia administrativa y al déficit de personal y de un sistema jurídico eficiente a traído como consecuencia que tanto el ciudadano común, opositor u oficialista así como las personas jurídicas tanto nacionales como internacionales desconfían de las instituciones públicas venezolanas que aún siguen siendo débiles y dependientes, además de los continuos hechos jurídicos – políticos que a diario acontecen en el país. Que hace que los fallos del litigio parecieran estar siempre a favor del gobierno todo poderoso y cuando no, recurren a una serie de artificios jurídicos, para inclinar la balanza a su favor, como ejemplo de esto: están los despidos de los jueces no leales al régimen; la imputación de un delito que ya tuvo fallo definitivo; la manipulación de evidencias por parte de los organismos judiciales de investigación para incriminar o exculpar dado el caso; las invasiones a la propiedad privada; las expropiaciones injustificadas; la falta de celeridad en los casos en proceso; entre otros. Me permite concluir que en Venezuela no existe una verdadera seguridad jurídica. Esto nos permite anexar y argumentar que en la medida que los poderes y las instituciones públicas en Venezuela y las autoridades no respeten la norma fundamental y las leyes que rigen la sociedad y que no sean independientes, equitativos y justos. No habrá en Venezuela seguridad jurídica.

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